Asuntos Internos: El IFE y el IFAI: Nuestras desprestigiadas “instituciones ciudadanas”


El IFE y el IFAI: Nuestras desprestigiadas “instituciones ciudadanas”, por Leonardo Kourchenko


POR Staff Rolling Stone México  



El IFE y el IFAI: Nuestras desprestigiadas “instituciones ciudadanas”, por Leonardo Kourchenko

Afectados por el descrédito, invadidos por partidos que jalonean posiciones y estrategias, el IFE y el IFAI enfrentan una obligada renovación

Por Leonardo Kourchenko
Foto: Cuartoscuro

Con frecuencia escuchamos hablar a los políticos de la “fortaleza de las instituciones” como pilar en la construcción de la democracia. Suena espectacular, una gran frase de discurso, pero el significado profundo es complejo. Instituciones sólidas, transparentes, al servicio de los ciudadanos, con plena convicción democrática parecen casi exclusivas del mundo desarrollado. En procesos democráticos en transición y consolidación –como el nuestro–, resulta difícil pensar en organismos dotados de tantas cualidades. Si hacemos un recorrido detallado por la reciente historia de transición democrática en México, múltiples analistas coinciden en señalar al IFE (Instituto Federal Electoral) como la institución más cercana a ese perfil de transparencia, imparcialidad y solidez. Pero no el IFE –así en infinitivo y permanente– sino el “primer IFE”, el IFE de Woldenberg, de Peschard y de Lujambio, el que sancionó y supervisó el histórico proceso electoral del año 2000. La diferenciación procede de que los dos Consejos Generales que vinieron después, el IFE de Luis Carlos Ugalde y el de Leonardo Valdés Zurita como presidentes, fueron organismos que gradualmente, a fuerza de presión y contrapeso político, perdieron su imparcialidad y equilibrio.

Después de las controvertidas elecciones del año 2006, los partidos políticos –especialmente los de izquierda el PRD, el PT y entonces Convergencia– montaron una auténtica ofensiva contra el IFE en general, y contra su presidente Luis Carlos Ugalde. Para el derrotado movimiento de López Obrador (por apenas poco más de 240 mil votos en las urnas) el desempeño de dicho IFE y de sus consejeros había sido inequitativo, poco profesional, y “vendido” le llegaron a decir, entre otros muchos señalamientos. Resultaba inconcebible aquél inolvidable “too close to call” del presidente Ugalde en la noche de aquella jornada electoral. A los ojos de Andrés Manuel y de sus seguidores, el IFE había “perdido objetividad” y se estaba dejando presionar por el gobierno, por el PAN y por el mismo PRI. La angustia se prolongó hasta que el IFE declaró ganador a Felipe Calderón e inició un costoso movimiento de protesta por parte de López Obrador. Lo que vino después, fue la exigencia y demanda de “descabezar” al IFE, retirar a Luis Carlos Ugalde y nombrar nuevos consejeros.

La historia demuestra que los partidos políticos se apoderaron cabalmente de los asientos en el Consejo General. Si bien los consejeros deben cumplir el requisito de no ser militantes, sus candidaturas y propuestas, son siempre respaldadas por los mismos partidos, quienes proponen a candidatos simpatizantes con sus causas e idearios. Así hemos tenido desde hace más de seis años, consejeros que se inclinan –a veces sin pudor alguno–, a favorecer y a votar en automático por los partidos que los propusieron y en contra de los que son sus contendientes políticos.

El espíritu de aquél “primer IFE”, donde la mayoría de los consejeros eran auténticos ciudadanos, provenientes de la academia, investigadores o juristas de alto perfil, sin preferencia o militancia partidista ninguna, se perdió. Se desvirtuó en el camino la esencia de una institución que a principios de la década pasada era –según las encuestadoras más prestigiadas y confiables de México–, la más respetada y de mayor confianza entre los mexicanos. Lamentable. Los partidos, en su lucha natural por el poder, arrastraron en su esfuerzo continuo y legítimo por ganar, con tal de obtener posiciones de fuerza y de mayor representatividad, a la única, a la más transparente y confiable institución. La que garantizaba la celebración de procesos electorales limpios, creíbles, con crecientes condiciones de equidad, con sólidas herramientas de control y supervisión.



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