Asuntos Internos: Huracanes, el gran negocio


Huracanes, el gran negocio. Corrupción gubernamental, negligencia de las autoridades y voracidad de los empresarios inmobiliarios


POR Staff Rolling Stone México  



Huracanes, el gran negocio. Corrupción gubernamental, negligencia de las autoridades y voracidad de los empresarios inmobiliarios

Corrupción gubernamental, negligencia de las autoridades y voracidad de los  empresarios de desarrollo inmobiliario.  Si hay una organización criminal bien organizada es el desarrollo urbano en zonas prohibidas.

Por Sanjuana Martínez
Foto: Cuartoscuro

La corriente del río Santa Catarina que cruza Monterrey susurraba los primeros signos de alarma. El sonido suave del agua subió en cuestión de minutos y se convirtió en un bramido, un rugido que impedía escuchar los gritos de auxilio. En el centro del lecho del río, cuatro autobuses varados, inertes.  Han pasado 25 años y la trágica escena del huracán Gilberto –uno de los cinco ciclones más intensos del Siglo XX– sigue intacta en la memoria: Los pasajeros ya no gritan, sacan pañuelos blancos por las ventanas. Los agitan con desesperación, luego con resignación. Sienten el fétido aliento de la muerte. El cauce del río sube inexorablemente. El trascavo del Grupo Cobra de la Policía Judicial fue arrastrado por la corriente con los rescatistas. Los autobuses desaparecieron. El viento aúlla y anuncia el desenlace final: 300 muertos y una cifra no oficial de hasta tres mil desaparecidos y 10 mil millones de dólares en perdidas.

En frente, a la altura del Puente Miravalle, más de 100 personas, entre policías, rescatistas y periodistas, presenciando la catástrofe: “Esa escena nos ha atormentado durante 25 años. Tal vez pudimos haber hecho algo todos los que allí estuvimos. Había mucha desorganización, nadie tomaba decisiones… ¿Por qué nadie hizo nada?… Porque faltaron huevos”, dice sin ambages Santiago González, autor del libro Sobrevivientes del huracán Gilberto; una crónica publicada el pasado mes de septiembre.

Repetir la historia

México ha sufrido verdaderas catástrofes con los últimos ocho huracanes. En los últimos dos, un millón 200 mil mexicanos afectados por las tormentas Ingrid, en el Golfo de México, y Manuel, en el Pacífico. Y en todas las tragedias ha habido tres elementos: Corrupción gubernamental, negligencia de las autoridades y voracidad de los empresarios de desarrollo inmobiliario. Quienes aún conociendo los riesgos de construir en zonas prohibidas, a base de sobornos deciden destruir el entorno natural (manglares, montañas, cañadas, desvío de ríos), provocando cientos de muertos.

Así sucedió con los huracanes Gilberto, Paulina, Stan, Wilma, Dean, Alex… Todos evidenciaron la desigualdad social, todos fueron catastróficos. No hubo prevención, ni evacuación en las zonas de riesgo. Además, según las estadísticas, todas las reconstrucciones fueron un hoyo negro de expolio y corrupción de los gobiernos estatales y municipales a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Los huracanes han resultado ser un “gran negocio” para la clase política. Tan solo en la última década, el Fonden ha gastado 140 mil millones de dólares en reconstrucciones. La opacidad y el desvío de recursos acompañan a este fondo. Por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina adeuda al Fonden 169 millones de pesos que recibió en 2010 para enfrentar los daños que causó el huracán Alex; dinero que no utilizó en las obras prevista y que tenía que haber devuelto ese mismo año, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.

Para el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, dirigente del Comité Ecológico Pro Bienestar, los hechos registrados después de los últimos huracanes no son tragedias, ni desastres naturales: “Son crímenes ambientales perfectamente planeados. Se trata de la Ecomafia: Políticos y empresarios desarrolladores. Es una corrupción absoluta y planeada. Si hay una organización criminal bien organizada es el desarrollo urbano en zonas prohibidas. Es un crimen perfectamente diseñado. Los desarrolladores saben lo que va a pasar cuando construyen las casas, cuando deforestan las zonas. Saben que habrán muertos. También lo sabe la clase política corrupta implicada, todos están dentro. No hay un proyecto desarrollador de estos donde no este incluida la clase política directamente involucrada”.

Son los mismos

Guerrero es una muestra del funcionamiento de la llamada “Ecomafia”: Funcionarios municipales y estatales otorgaron permisos para construir viviendas a desarrolladores inmobiliarios en zonas naturales como lechos de ríos, arroyos e incluso sobre una laguna. Permitieron la deforestación, la destrucción de manglares y humedales.  Peor aún, la corrupción provocó el bloqueo de tres drenes del río Colacho –uno de los nueve ríos más importantes de la subcuenca del puerto de Acapulco– que antes de la salvaje urbanización, desahogaba el agua hacia el mar.

Y fue así como nació la famosa Zona Diamante, una de las más afectadas por el huracán Manuel. La voracidad inmobiliaria y la ambición de dinero sucio para los políticos no tuvo límites. Empezaron en 1995. Fueron construyendo viviendas, hoteles, centros comerciales y carreteras en el lecho del río. En uno de los causes bloqueados construyeron la colonia Ciudad Colosio. El río ya no pudo drenar hacia la Laguna Negra. Incluso construyeron un dique para unir la carretera del aeropuerto con la Zona Diamante, un dique que finalmente impidió el fluir del agua por las montañas para desembocar en el mar.

La vocación natural de estas tierras eran los flujos pluviales, pero a la clase política no le importó. Cambiaron el uso de suelo desde 1993, concretamente el alcalde priísta Rogelio de la O Almazán. A partir de 1995 continúo sus pasos otro alcalde priísta, Juan Salgado Tenorio. Pero el desastre del huracán Paulina lo obligó a dejar el cargo, al igual que al director de Protección Civil, Efrén Valdés, quien paradójicamente ocupa actualmente el mismo cargo. En 1999 la corrupción de los políticos continúo dando permisos a los desarrolladores en zonas prohibidas y esta vez, fue el alcalde perredista Zeferino Torreblanca el que autorizó las colonias La Marquesa y Las Gaviotas en humedales. Le siguieron los perredistas Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio, entre 2003 y 2008. Así nacieron las colonias Villas de Tulipanes, Misión de Mar, Cosa Dorada, La Laguna, La Ceiba, Miramar, La Palma… Todas afectadas por Manuel.

Para el ecologista Martínez Berlanga está claro que lo sucedido en Guerrero es el clásico ejemplo de la “deforestación a fondo junto a la corrupción rampante”. “¿En qué mente sana puede caber la idea de destruir los manglares y los humedales, cuando éstas son las válvulas de seguridad, es decir, de salida y entrada al mar?”.

A pesar de que el Plan Director de la Zona Metropolitana de Acapulco, especificaba que el objetivo del Plan Director Urbano era “preservar el equilibro ecológico en toda la zona”, fueron los propios alcaldes los que violaron esa normativa creada en 1998, después del huracán Paulina. Autorizaron las zonas residenciales Campestre Laguna en el Canal Meándrico, donde antes había ríos y manglares con desembocadura en la Laguna Tres Palos y la Laguna Negra de Puerto Márquez.

El desenlace del boom inmobiliario fue contundente: Derrumbe de montañas, deslaves e inundaciones; con un saldo de 157 muertos, más de un millón y medio de damnificados y 477 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Las carreteras resultaron seriamente dañadas: La carretera Federal 95 y la 200; pero principalmente la Autopista del Sol con deslaves y desgajamiento de taludes que bloquearon 20 tramos. Una autopista paradigma de la corrupción, que ha representado para el Estado 27 mil 362 millones de pesos.
De todas las consecuencias, la imagen de la montaña derrumbada, cuyo alud sepultó a decenas de personas quedará en la memoria colectiva. Fue en la región de la Costa Grande, en la comunidad de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez donde el alud sepultó a gran parte de la población: 80 muertos y 58 desaparecidos.

Martínez Berlanga
dice que como siempre el recuento de víctimas por parte del Estado no es claro: “Cifra oficial no hay, pero puede ser 5 mil. Nadie sabe cuántos quedaron enterrados. ¿Por qué sucedió eso? Porque las autoridades sabían que existían esos asentamientos, taparon las cañadas, las laderas, las pendientes y los arroyos. Los responsables son: Comisariados ejidales, los constructores, alcaldes, Semarnat y Profepa que nunca actúan. Siguen retando a la naturaleza. Están acabando con las zonas de amortiguamiento del mar, las zonas de absorción. Sociedad que no guarda sus montañas no puede guardar sus ríos, dice un proverbio chino. Y como siempre los que se mueren son los más pobres, los más jodidos, los miserables y los invisibles que no tienen abogados. Es así como después de un huracán aparecen los anónimos, los sin nombre. Si ese derrumbe hubiera sido en Las Lomas de Chapultepec sabríamos los nombres de todos los que se murieron, porque allí están los poderosos, los que tienen nombre”.



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