Asuntos Internos: Epidemia de secuestros en México… ¿La cuarta estrategia será la vencida?


Si abres este reportaje y lo lees de una sentada, en los diez minutos que le dediques, dos personas habrán sido secuestradas en México


POR Staff Rolling Stone México  



Si abres este reportaje y lo lees de una sentada, en los diez minutos que le dediques, dos personas habrán sido secuestradas en México

Por Carlos Ordóñez/Fran Ruiz

S i decides acabarlo al día siguiente, en esas 24 horas transcurridas habrán sido unas 290 las víctimas en cualquier punto del territorio nacional, con especial incidencia en las dos áreas más pobladas y urbanas: El Distrito Federal y el Estado de México. Si seguimos sumando, las cifras son de pesadilla: En 2012, último año en el que el INEGI aporta datos totales anuales, se cometieron unos 105 mil plagios.

En medio de la euforia apenas disimulada de las autoridades por el goteo de reconocimientos internacionales que está recibiendo el presidente Enrique Peña Nieto, cabeza visible (y fotogénica) del ímpetu reformista de su gobierno priísta, los datos que arroja la epidemia de secuestros en México son una bofetada de cruda realidad y un dramático toque de atención a Los Pinos para que reaccione ya.

Frente a datos esperanzadores como una caída (aunque muy leve) de los homicidios, la industria del secuestro no sólo no se ha resentido con el nuevo cambio de gobierno, sino que ha aumentado. Si en 2012 teníamos el dudoso honor de aparecer en el segundo lugar en la lista negra de países con más plagios en el mundo (sólo por detrás de Nigeria), en el primer semestre de 2013 la organización que elabora este mapa de riesgo, Control Risks, coloca a México a la cabeza mundial de secuestros, con 20 de cada 100 plagios ocurridos en todo el planeta.

La mayoría de los mexicanos también considera que el problema del secuestro en el país ha empeorado en los últimos 12 meses y, lo peor, que se incrementará en el futuro. Según una encuesta del diario El Universal, realizada entre el 1 y el 3 de febrero de este año, un abrumador 98% de los mexicanos considera que el problema del secuestro en nuestro país es grave (37%) o muy grave (61%). Hasta un 70% considera que el problema ha aumentado en este primer año de mandato de Peña Nieto y el 52% cree que seguirá aumentado.

Dos factores alimentan este pesimismo fuertemente instalado en la opinión públicamexicana. Por un lado, está la notoria ausencia de este grave problema social de la agenda del gobierno de Peña Nieto, que en su primer año dedicó toda su energía a romper la resistencia de los que se oponen a las reformas; y por otro, está la tradicional desconfianza de la población hacia la autoridad.

Sobre el segundo factor, la encuesta de El Universal descubre una paradoja preocupante: El 61% contestó que, en caso de secuestro, llamaría a la policía, pero al mismo tiempo, un 63% dice que no confía en la policía. La paradoja se explica porque la respuesta socialmente esperada es que “se debe denunciar”, y así se contesta en la encuesta, aunque finalmente no se denuncie, entre otras cosas, porque hasta un 32% cree que los mismos agentes son los secuestradores o protegen a bandas criminales.
La consecuencia de esta paradoja es que nueve de cada diez plagios que ocurren en el país no son denunciados. En 2013, los mexicanos acudieron al Sistema Nacional de Seguridad Pública a registrar sólo 1,695 denuncias de plagios, una cifra que, aunque 20% mayor a la de 2012 y la más alta de la que se tenga registro, es 65 veces menor a los 105 mil casos registrados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata de la cuarta cruzada contra esta lacra, después del evidente fracaso de las tres anteriores: La que lanzó Ernesto Zedillo en 1997, Vicente Fox en 2004, y Felipe Calderón en 2008. Ahora le toca el turno a Peña Nieto y para que esta vez tenga éxito, el Secretario de Gobernación presentó un plan que incluye diez medidas de choque, algunas de ellas de especial importancia por su impacto social.

El punto dos del decálogo habla de “fortalecer y capacitar” a las unidades antisecuestro, particularmente en los diez estados con más incidencia delictiva, pero sobre todo habla de “evaluar” a estos agentes. Por su parte, el punto siete habla de “vigilar permanentemente el comportamiento de todos los elementos que integran las unidades antisecuestro del país”. Este aspecto es esencial si se quiere cortar de una vez por todas con una de las mayores quejas de la población: La complicidad de la policía con bandas del crimen organizado o, incluso, la participación directa de los uniformados en la industria del secuestro. ¿Qué mayor traición puede haber que los mexicanos depositen su confianza (y sus impuestos) en armar a los miembros de las fuerzas de seguridad y que luego muchos de ellos usen sus armas para atacar a la población?

El punto cuatro resulta también esencial: La creación de una base única de datos criminales en materia de secuestro. Lo increíble no es tanto lo que propone, sino que esta base nacional no existiera al menos desde hace una década, cuando el dinero del narcotráfico empezaba a llenar el país de armas, de bandas criminales y de uniformados que se dejaron corromper.

Por el contrario, habría sido deseable que en el punto ocho, donde se habla de encerrar a los secuestradores en cárceles de máxima seguridad, se especificase que esas prisiones dejarán de ser lo que entendemos hasta la fecha por penales mexicanos de “máxima seguridad”: Lugares convertidos en pequeñas centrales telefónicas desde donde los presos siguen delinquiendo o lugares de donde escapan los criminales, previo pago a los carceleros.
Y por último, tanto o más que el combate a los secuestradores, está la atención a las víctimas. El punto seis habla de un “protocolo de atención ciudadana de secuestro”, a más tardar en marzo, mientras que el punto nueve, que habla de “fortalecer los programas de atención a víctimas de secuestro y ofrecer apoyo integral a las víctimas”, porque, como dice el informe de la Segob, “un plagio es más que una estadística”.

De momento, todo esto es una declaración de buenas intenciones que podría resumirse en el punto uno de la Estrategia Antisecuestro y que parece definir la filosofía que quiere implementar el gobierno de Peña Nieto a su plan general de combate el crimen organizado: “Priorización del uso de la inteligencia por encima de la fuerza”. En otras palabras, un vuelco a la política de guerra sin cuartel de la anterior administración panista.

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