El PRI calumnió a Anaya, afirma el TEPJF


El tribunal acreditó también actos anticipados de campaña por parte de Meade.


POR Jovel Álvarez  



Foto: Twitter Ricardo Anaya

Tras la denuncia presentada por los partidos que conforman la coalición Por México al Frente sobre actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta por parte del PRI, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puntualizó que el partido oficialista calumnió a Ricardo Anaya al imputarle los delitos de “extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita” sin tener elementos para sustentar su dicho.

“No se acreditó que existiera una resolución judicial o al menos indicios de documentos oficiales en el expediente o en el dominio público que permitieran concluir que se encuentra sujeto a un proceso penal o tenga algún grado de participación en un proceso de investigación por el delito referido o por otros”, puntualizó el Tribunal. En la sentencia se detalla que, dado que el material promocional en cuestión fue publicado en el portal de pautas INE, “implicó su difusión, situación que permitió responsabilizar al partido de cualquier infracción que por el contenido de éste pudiera actualizarse, al existir una solicitud de su parte para su eventual transmisión a través de las pautas de radio y televisión a las que tiene derecho, por tanto, se le impuso una multa”.

Al parecer de los magistrados, el PRI también incurrió en actos anticipados de campaña por haber difundido material publicitario con claras referencias a Anaya, lo cual está prohibido durante la intercampaña; además, en la pauta correspondiente a los estados se difundieron spots de la campaña federal. El TEPJF determinó multar al Partido Revolucionario Institucional con $120 mil 900 pesos.

El fallo del Tribunal deja en claro que la guerra de declaraciones y descalificativos emprendida por los candidatos a la presidencia está siendo estudiada a detalle por las autoridades. La sentencia en contra del PRI sienta un precedente en materia electoral y busca salvaguardar la credibilidad de las autoridades electorales ante las constantes acusaciones de favoritismo en favor del partido de gobierno. Queda claro que ni siquiera las corrientes oficialistas pueden incurrir en faltas a la ley electoral y salir impunes.



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