Gobierno espía a periodistas y activistas con recursos públicos


El escándalo se desata mientras se realiza en Cancún la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.


POR Jovel Álvarez  



Foto: Camila de la Fuente

“Por tema de Casa Blanca Presidencia podría encarcelar reporteros mientras investiga. Ver nombres: (enlace malicioso)”. Este fue uno de los mensajes que recibió en agosto de 2015 Emilio Aristegui, entonces de 16 años. El hijo de Carmen Aristegui no habría podido resistir el impulso de abrir el enlace recibido, sin saber que con ello perdería por completo su privacidad.

El diario New York Times colocó en su primera plana y páginas internas de ayer los resultados de la investigación de la organización canadiense Citizen Lab en la que presentan los elementos para inferir el uso de malware por parte del gobierno mexicano para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción e a incluso al adolescente antes mencionado.

La compañía israelí NSO es la creadora y comercializadora de este malware, mismo que solo vende a gobiernos bajo el compromiso de que sean utilizados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El método de infección se da mediante el envío de un SMS que contiene un enlace que, en caso de ser abierto, infecta de manera silenciosa el teléfono, dando control absoluto sobre la información contenida en el celular incluso pudiendo activar la cámara y micrófono del dispositivo, a la entidad que ejerce el espionaje.

Cada licencia de infección tiene un costo de 77 mil dólares (1,4 millones de pesos), que en este caso provienen del erario público.

La investigación de Citizen Lab presenta documentación que comprueba que entidades como la SEDENA, CISEN y PGR han contratado los servicios de NSO.

En una breve carta en una, impresa en una hoja sin membrete ni formato, Daniel Millán, Director General de Medios Internacionales de Presidencia de la República aseguró que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, agregó que el Estado es respetuoso de la privacidad de todos los individuos y exhortó a las presuntas víctimas a presentar una denuncia ante la PGR.

Entre las víctimas de un posible espionaje o de un espionaje consumado – esto depende de si llegaron a abrir los enlaces que les fueron enviados – destacan la periodista Carmen Aristegui y su hijo, el equipo de investigación de la Casa Blanca y el periodista Carlos Loret de Mola.

A esta lista se unen funcionarios del Centro PRODH, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano por la Competitividad.

Los momentos en que se intensificó la recepción de los mensajes infecciosos por parte de las víctimas, corresponden a los días en que su labor de denuncia de casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad por parte autoridades federales o estatales estaba en desarrollo (Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, y Ayotzinapa, por mencionar algunos).

Los periodistas y activistas agraviados presentaron la mañana de ayer una denuncia formal ante la PGR para que se investiguen estas acusaciones.

Al ser consultada por Rolling Stone sobre la certeza que pudiera tener de haber abierto el enlace infeccioso, y por ende haber sido efectivamente espiada, la periodista Carmen Aristegui aseguró que “es altamente probable que sí porque sobre todo los primeros mensajes estaban dirigidos con nombre y apellido y te tocaban una fibra muy particular que los hacía imposibles de no abrir. Nosotros tenemos el más alto número de ataques”.

Sobre los mensajes recibidos por su hijo la periodista detalló que “si un chico adolescente recibe un mensaje que dice la presidencia meterá a la cárcel a los investigadores de la Casa Blanca, pues dice: ‘mi mamá’”.

“Este malware es altamente intrusivo, es una cosa siniestra en términos del uso que se le está haciendo en contra de ciudadanos que no estamos vinculados ni con el crimen organizado, ni con el terrorismo, ni cosa que se le parezca. Es gravísimo que se utilice un sistema tan poderoso, tan intrusivo, en contra de personas que estamos haciendo nuestros respectivos trabajos. Es un retrato muy grave de un gobierno que está obligado a dar explicaciones”, agregó.

Al preguntarle si a partir de la publicación de los resultados de esta investigación ella o su hijo han cambiado de teléfonos o han tomado alguna otra medida de protección, la periodista señaló que “el propio mecanismo de investigación nos solicitó intercambiar aparatos para que estos puedan enviarse físicamente a Canadá, algunos ya se han enviado. Artículo 19, con financiamiento internacional, ha hecho este intercambio para dar un teléfono limpio a cambio del teléfono presuntamente infectado para que se vaya al laboratorio donde ya los estarán destripando”.

De acuerdo con los periodistas y activistas que hablaron ayer en conferencia de prensa, la gran pregunta es si el gobierno mexicano tendrá el valor de investigarse a sí mismo.



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