La Ley contra el lavado de dinero


Los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.


POR Staff Rolling Stone México  



Los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Foto de Carlos R. Gonzalez Vera

El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la intención de debilitar el lavado de dinero de las organizaciones delictivas.

En el documento, los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Mencionaron que constituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a “actividades vulnerables como los juegos de apuesta, concursos o sorteos. Este tipo de prácticas deberán reportarse a Hacienda cuando los montos asciendan a los 645 salarios mínimos.

También señalaron que se investigará la emisión de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario o que permitan la transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o superior a los 805 salarios mínimos.

Hacienda también podrá conocer las acciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas, relojes, bienes inmuebles y obras de arte. También se le deberá avisar a las autoridades sobre la comercialización, o distribución de vehículos, ya sean nuevos o usados y sin importar si son marítimos, terrestres o aéreos.

Quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos serán sancionados con una multa de 200 a 2 mil días de salario mínimo. Además, se sancionará con 10 mil a 75 mil días de salario mínimo o el 10% del valor de la operación cuando ésta no sea notificada a las autoridades, además de castigar con dos a ocho años de prisión a quien proporcione de manera dolosa información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o modificados.



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