La justicia al azar


Podría ser la segunda parte del documental Presunto culpable: Los productores se enfrentan, como víctimas, a la impartición de injusticia.


POR Staff Rolling Stone México  



Podría ser la segunda parte del documental Presunto culpable: Los productores se enfrentan, como víctimas, a la impartición de injusticia.

Por: @Felipe Soto Viterbo
Foto: Cuarto Oscuro

Viernes 8 de noviembre, Roberto Hernández está recostado en su cama. Acaba de colgar con su jefa de prensa. Suena el celular. Contesta. El identificador de llamadas muestra un número que no tiene registrado.

Un hombre lo amenaza con malas palabras y cuelga. El iPhone indica la una de la tarde con seis minutos. Hernández oprime los botones para tomar una foto de la pantalla. Ocho minutos más tarde, manda un tuit:

Presunto Culpable @PresuntoC:
@PGJDF @PGR_mx Acabo de recibir una amenaza telefónica. ¿ante quién debo denunciarlo? @ManceraMiguelMX @HectorSerranoC @article19mex

Le responden notificar el caso al 5533 5533, número del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia del DF. El diálogo lo registra en otro tuit:

Presunto Culpable @PresuntoC:
—Mire, recibí una amenaza telefónica.
—¿Ha tenido usted algún problema con alguien últimamente?
—Hmmm.

Desde que su documental Presunto culpable fue estrenado en los cines del país el 18 de febrero de 2011, Roberto Hernández ha tenido problemas con la justicia. O más bien: la justicia ha tenido problemas con él.

“Como autor de un documental, estuve defendiendo a una persona inocente y ahora me está tocando en carne propia cómo es ser víctima de un delito en México”, dice en una entrevista para Rolling Stone realizada pocos días después de que recibió las amenazas.

Por si el lector no la ha visto (la película completa está en You Tube), Presunto culpable cuenta la historia de Antonio Zúñiga, encarcelado por homicidio bajo cargos dudosos, avalados por el Tribunal de Justicia del DF. Ayudado por los mismos documentalistas —Roberto y Layda Negrete, abogados de profesión y además esposos— logra recuperar su libertad.

El documental exhibe muchos de los vicios y deficiencias del sistema de impartición de justicia en México. Lo deseable hubiera sido que a partir del filme, al menos el Tribunal Superior de Justicia del DF, que es donde ocurren los hechos, hubiera acelerado las iniciativas que buscan modernizarlo; o mínimo sanear un poco su imagen. Lo que ha ocurrido, en cambio, es una caricatura de lo que ya era de por sí grotesco en la película.

En condiciones normales, los integrantes del Tribunal, presididos por Edgar Elías Azar, nunca van a admitir públicamente que quieren venganza porque el documental los ofendió. En lugar de ello han facilitado las cosas para que prosperen algunas de las demandas más absurdas y desproporcionadas de los últimos años. En total, los productores se han enfrentado a 19 procesos judiciales, y el monto que reclaman los demandantes por daño moral suma tres mil millones de pesos. “Me encantaría conocer cuál es la aritmética o la lógica de los tres mil millones de pesos”, dice Hernández. “Yo no la he visto. No hay en las demandas un planteamiento matemático claro acerca de por qué esos son los montos.”

Los demandantes no son los jueces, desde luego, ni nadie adscrito al tribunal. Por más ofendidos que estén, se verían muy mal si procedieran legalmente por ellos mismos. Los demandantes, en cambio, son: la familia de Juan Carlos Reyes Pacheco, la víctima del homicidio, porque el documental muestra la fotografía del cadáver; y, por el uso indebido de su imagen, Víctor Daniel Reyes Bravo, testigo presencial que señaló a Antonio Zúñiga como partícipe en el asesinato de su primo; y José Manuel Ortega Saavedra, el policía judicial que detuvo a Zúñiga.

“Si al final el juez me ordenara pagar tres mil millones, ¿yo qué haría?”, ironiza Hernández. “¡Pues tocaría la puerta de alguno de los millonarios de este país!… Obviamente combatiríamos en apelación. Si fuera necesario iríamos al amparo, y si así quedara, presentar una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y elevarlo internacionalmente, porque el monto exorbitante el efecto que tiene es de censura de facto.”

A pesar de que ningún juez quiere ensuciarse las manos con este caso, hay momentos en que a Edgar Elías Azar, o a cualquiera de sus jueces, los traiciona públicamente la molestia que tienen. Elías Azar sentenció en 2011 que Presunto culpable era: “una película editada, mutilada, manipulada. Esta película no corresponde a la realidad.” Esto lo declaró en conferencia de prensa, en su calidad de presidente del Tribunal, para explicar por qué fue ratificado en su cargo para otros seis años el juez Palomares Medina (el que encarceló a Toño Zúñiga a pesar de que las evidencias de su inocencia).

Otro ejemplo lo dio la juez 17 de lo civil, María del Rosario Mancera Pérez, durante la audiencia que tuvo con los productores del filme el 24 de abril de este año. El diálogo quedó registrado en el acta de la audiencia:

—Lo que le dije al tribunal es que haríamos un gran esfuerzo de pedagogía pública para mostrar las deficiencias con los procesos penales —dijo Hernández, explicando cómo logró el permiso de filmar—. Y creo que cumplimos al pie de la letra lo que le ofrecimos al tribunal.

—Se excedieron —dijo la juez.

Fue un desliz: esas dos palabras mostraban que ella, siendo juez, estaba sesgada en contra del documental cuando apenas estaba escuchando el caso. Ante esa expresión, Javier Quijano Baz, abogado de Hernández, emitió un documento en el que solicitaba que la juez se inhibiera de seguir presidiendo por no ser imparcial. Así ocurrió. Curiosamente, la versión que manejó Edgar Elías Azar al respecto, en una entrevista en el programa de Carmen Aristegui, es que la juez se había excusado porque había recibido presiones y amenazas. También en esa ocasión declaró que él también recibía amenazas, y que los jueces reciben amenazas y que era normal.

“A mí no me parecen triviales las amenazas”, revira Hernández.

Lunes 11 de noviembre, una de la tarde con 42 minutos. Roberto recibe otra amenaza. Ahora involucra a sus seres queridos: “A ver, hijo de la chingada, ya bájale porque si no vamos a chingarte a ti y a tus pinches hijas.”

Nuevamente foto a la pantalla. Tuit de advertencia:

Presunto Culpable @PresuntoC:
Acabo de recibir otra amenaza de muerte a mi teléfono celular.

Acude a levantar la denuncia correspondiente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. El trámite le toma dos horas y media, más una hora de trayecto. Aunque las llamadas sólo habían durado unos segundos, los funcionarios elaboran un documento de unas veinte páginas de longitud. Pese al mamotreto, no hacen lo que cualquier investigador haría: ir inmediatamente a la ubicación geográfica de las llamadas y entrevistar a las personas que estuvieron cerca, que a lo mejor hubieran visto a quien las hizo, o tomar las huellas dactilares en el auricular.

Desde la primera llamada, Roberto contactó a un detective privado. Le dio los datos del número registrado en su celular. El detective hizo lo que la policía no hizo: localizó las casetas, fue a ellas a tomarles fotografías y Roberto las publicó en su tuiter. Las dos casetas están en Iztapalapa, a unos dos minutos a pie y a tres cuadras de un ministerio público. Ni siquiera por la cercanía, los agentes ministeriales acuden a investigar.

Roberto se pregunta a qué se debe que no se haya ido a investigar las casetas. Elucubra: “Una es que no quieren investigar porque no pueden, les da flojera o es muy costoso. Otra hipótesis es: para qué investigar si ya sabemos quién es. La tercera es: no queremos investigar porque no queremos saber quién es. Todas me parecen muy preocupantes.”

Por si las dudas, responsabilizó públicamente a Edgar Elías Azar de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a él o a su familia. Al momento en que esto se envió a imprenta, Roberto (que está registrando todo con miras a hacer un Presunto culpable 2, ahora sobre sí mismo y su esposa) no ha recibido más amenazas.

No es el daño moral a tres personas por dos cineastas, o el presunto coraje de unos cuantos jueces tras ser exhibidos en su ineficiencia lo que preocupa de este caso. Es el intento de disuadir con este precedente descomunal a cualquier periodista o documentalista a que meta sus narices en el poder judicial. Y ya que estamos en esas: meter las narices en el poder. En otras palabras, que los periodistas dejemos de hacer periodismo. Como dice Roberto Hernández: “censura de facto”.

Aquí puedes ver completa la película Presunto culpable



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