Sangre y petróleo: parte uno


Los cárteles de droga en México están evolucionando hacia la industria de la gasolina mientras libran una guerra abierta contra los militares. ¿Podrá el nuevo presidente populista contener el caos?


POR Staff Rolling Stone México  



Por Seth Harp

Con su sudadera blanca y sus tenis rosas, el hombre sentado en una banca frente a la catedral de Orizaba parece un hombre común de 32 años, pero está hablando sobre asesinar gente. Me dice que lo ha hecho ocho veces y explica el tipo de cosas que, en su línea de trabajo, mata a una persona. “Hacerte el listo”, dice. “Hacerte el difícil. Ir por ahí como un cabrón. Eso te obliga a destrozarlos”. Y detalla sus métodos: “Primero, les das una patada en el culo”, dice. “Entonces, los terminas con un tiro en la cabeza. O los torturas, y te dicen lo que saben, con quién han estado hablando. Utilizas cuchillos, un hacha, lo que tengas a la mano. Un machete. Este negocio en el que estamos comprometidos te obliga a hacer eso. Esa es la vida que vivimos”. No es la vida de un narcotraficante que él describe, aunque esta parte de México está dominada por el crimen organizado. Él no produce ni transporta drogas, y nunca ha contrabandeado nada al otro lado de la frontera. Es el jefe de campo de una mafia que roba gasolina, una de las aproximadamente seis que se encuentran aquí en la desértica Sierra Madre Oriental. Su banda de 25 ladrones de combustible viaja en cinco camionetas con tanques de almacenamiento de mil litros y una pila de herramientas, perforando grifos ilegales en tuberías subterráneas. Venden el producto robado a taxistas, compañías de autobuses y camioneros con un descuento significativo del precio de las gasolineras operadas por Pemex, la compañía petrolera nacional. En un buen día, dice, puede ganar más de $200 mil pesos.

“La forma en que lo veo es que esta es mi ciudad”, dice. “La gasolina que pasa por aquí es mía”. Los ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros, siempre han existido en México, un país con una gran riqueza petrolera y una rica tradición de vandalismo social. En el pasado, los huachicoleros típicos eran pequeñas bandas de criminales, Robin Hoods en gran parte inofensivos, que operaban silenciosamente y se ganaban la buena voluntad de la gente repartiendo cubos de gasolinera gratuitos y patrocinando desfiles y festivales en aldeas pobres. Las baladas con acordeón celebraban el estilo de vida huachicolero y los huachicoleros incluso tenían su propio santo patrón, el Santo Niño Huachicol, una especie de niño Jesús representado con una manguera y un bidón.

Todo eso ha cambiado en los últimos años, a medida que los cárteles de tráfico de drogas en México han evolucionado para monopolizar todas las formas de crimen, incluido el robo de combustible, expulsando a operadores más pequeños con tácticas paramilitares perfeccionadas en la guerra contra las drogas. La gasolina del mercado negro es ahora una economía de miles de millones de dólares y las mafias de la gasolina están ganando poder por sí mismas, lanzando un acelerador volátil sobre la sucia mezcla de drogas y armas que ya ha matado a unos 200 mil mexicanos en la última década. El año más violento en la historia registrada de México fue 2017, y algunos observadores ahora dicen que el conflicto tiene tanto que ver con el petróleo como con los narcóticos.

Pemex es una de las compañías petroleras más grandes del mundo, un extenso complejo de energía en todo el país con ingresos brutos de más de $2 billones de pesos. Legalmente, la riqueza petrolera del país es propiedad de la gente; durante décadas, Pemex fue un elefante blanco del efectivo del gobierno, financiando inversiones en infraestructura y generosos programas sociales incluso a pesar de que los impuestos se mantuvieron bajos. Pero con la producción en declive desde 2010 y el robo de combustible en aumento, Pemex ahora es un drenaje neto en la tesorería federal. “Hemos tenido que tomar del banco central $110 mil millones de pesos cada año para la empresa petrolera durante los últimos cuatro años”, dice Manuel José Molano Ruiz, economista del Instituto Mexicano de la Competitividad. “Es un grave daño para los fondos públicos, dinero del bolsillo de cada mexicano”.

En respuesta, una coalición política encabezada por el presidente, Enrique Peña Nieto, puso fin recientemente al monopolio de la compañía y abrió la industria de la energía a la inversión extranjera privada. Por primera vez en la historia moderna, las corporaciones petroleras multinacionales se están mudando, arriesgando la situación de seguridad inestable para tener la oportunidad de obtener una parte de las reservas de México, un estimado de nueve mil millones de barriles de petróleo crudo y 15 billones de pies cúbicos de gas natural. La necesidad de proteger la infraestructura energética de la nación le ha dado al gobierno mexicano una segunda crisis de seguridad paralela a la actual guerra contra las drogas. El pasado diciembre, Peña Nieto firmó la Ley de Seguridad Interna, que otorga al ejército mexicano la autoridad para vigilar al país, una medida que puede describirse justamente como ley militar.

Ambas políticas han demostrado ser extremadamente impopulares, con algo así como el 80% de los mexicanos que se oponen al control extranjero sobre lo que ellos consideran su patrimonio nacional. En una histórica elección presidencial celebrada el 1 de julio, los mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, una especie de Bernie Sanders mexicano: un socialista de pelo blanco que ha pasado toda su carrera política quejándose de la influencia del dinero en la política. Vive en una casa unifamiliar, conduce un auto viejo y camina por las calles sin guardaespaldas –un gesto que irrita incluso a sus seguidores, ya que más de 100 políticos fueron asesinados en México durante el ciclo electoral de 2018.

Los últimos tres presidentes de México fueron centristas favorables a las empresas que promovieron el libre comercio y la estrecha cooperación militar con Estados Unidos. López Obrador ha criticado la privatización de Pemex y quiere separar la seguridad de México de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. También se ha comprometido a tratar el delito abordando las causas principales, que dice son pobreza y corrupción gubernamental. En un video de campaña, López Obrador se para frente a una estación de Pemex, que según dice está dirigida por una “mafia de poder”, y afirma que, por cada barril de gasolina robado por los huachicoleros, 10 funcionarios de alto nivel se roban 10 barriles en Pemex y el gobierno. “Tenemos que castigar a los huachicoleros de bajo nivel”, dice, “pero también a los huachicoleros de cuello blanco”.

El hombre de los tenis rosas me ha encontrado en este pintoresco pero peligroso pueblo de montaña para dar un relato de información infiltrada sobre las guerras petroleras de las pandillas. Él dice que tiene informantes dentro de Pemex y ha comprado a los policías en los cinco municipios alrededor de Orizaba. Sin embargo, las patrullas militares son una amenaza constante. No hace mucho, dice, dos camiones cargados de infantes de marina mexicanos lo sorprendieron a él y a su pandilla cerca de Maltrata, un pueblo en las montañas al oeste de Orizaba. “13 de mis muchachos murieron, junto con dos soldados”, dice. “Salimos de allí, pero perdimos la carga”. Mientras hablamos, vigila nuestro entorno desde debajo del borde de su gorra de béisbol, guardando silencio cada vez que alguien pasa caminando. “Al principio, tienes miedo”, dice. “Pero terminas perdiendo todo el miedo y te empieza a gustar, especialmente después de sobrevivir un tiroteo”.

Su pandilla no tiene nombre, y él no pertenece a Los Zetas, el cártel que domina este estado, pero una vez al mes paga un tributo de $200 mil pesos para robar gasolina. El corazón de la economía huachicolera está a una hora en auto, en una región del centro de Puebla conocida como el Triángulo Rojo, donde se cruzan docenas de oleoductos. Los Zetas solían controlar el Triángulo Rojo, pero últimamente la potencia en ascenso en México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, ha tomado el control. Cada pocos días, aparecían cuerpos mutilados en las ciudades de Acajete, Acaczingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, en el Triángulo Rojo, los cadáveres eran golpeados y desmembrados, algunas veces con el rostro desollado –una firma del CJNG. El 29 de marzo, la policía encontró un cuerpo de un hombre junto a la carretera Puebla-Orizaba con una nota clavada en su espalda con una daga. Sólo revelaron que la nota contenía una amenaza contra los huachicoleros locales y fue firmada por el CJNG. “Puebla era uno de los lugares más pacíficos de México hasta que llegó el CJNG”, dice Claudia Lemuz Hernández, directora editorial de Municipios Puebla. “Ahora, cuando sales por la mañana, la policía no puede garantizar que no te toque un tiroteo”.

La mayoría de los analistas consideran al CJNG, bajo su líder secreto, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, como el cártel de drogas más poderoso en México, y las reservas de petróleo y gas del país representan una fuente potencial de riqueza mucho mayor que la de los narcóticos ilegales. El CJNG se ha estado expandiendo hacia el estado de Guanajuato, otro territorio denso en ductos, pero la mafia de la gasolina independiente no parece intimidada. El otoño pasado, el jefe huachicolero local, conocido como “El Marro”, publicó un video en YouTube en el que amenaza descaradamente a los secuaces de “El Mencho”. “Los vamos a sacar a la mierda de aquí, de nuestro estado”, dice “El Marro” en el video. Detrás de él, casi un centenar de huachicoleros –todos vestidos de negro con chalecos antibalas y pasamontañas– gritan y silban, blandiendo un arsenal de armamento militar. “En cuanto quieran, aquí estamos, hijos de su puta madre”, grita sobre el sonido de docenas de armas disparando al aire.

Desde su fundación hace 80 años, Pemex ha sido un símbolo nacional de soberanía petrolera, su logotipo rojo, blanco y verde es tan familiar como la bandera mexicana. Las compañías petroleras británicas y estadounidenses no han sido bienvenidas en México desde que fueron expulsadas tras la revolución populista de 1910, generando un profundo resentimiento por abusar de los funcionarios y sindicatos del gobierno, pagando a los trabajadores mexicanos salarios más bajos que a los anglosajones y expatriando sus ganancias a Londres y Nueva York. Pemex se fundó con la idea nacionalista de que los mexicanos serían los mismos responsables del desarrollo de la riqueza petrolera de México, y las ganancias se utilizarían para beneficiar al país en su conjunto. Eventualmente creció más que Gazprom, la compañía petrolera estatal rusa, pero siempre ha tenido problemas de malversación interna y sobrecontratación. “El gobierno corporativo es pobre”, dice Duncan Wood, director del Instituto de México en el Wilson Center. “Está desorganizado. Hay pequeños feudos dentro de él. Llegan a acuerdos con el crimen organizado y se hacen de la vista gorda”. Patrick Corcoran, un analista de InSight Crime, lo explica de manera más concisa: “Pemex es una enorme fuente de ingresos, plagada de corrupción”.

Las estimaciones varían, pero los ladrones consiguen alrededor de 23,500 barriles de combustible por día. Molano Ruiz dice que el robo de gasolina en esa escala no es técnicamente posible sin la asistencia de expertos de Pemex, que suministran a los huachicoleros de mapas de redes de tuberías, información sobre cuándo esperar que fluya el combustible y las herramientas y partes necesarias, incluidas válvulas especializadas. “No es como que puedas comprar eso en las ferreterías”, dice. Entre 2006 y 2015, 135 empleados de Pemex fueron arrestados en relación con el robo de combustible. Un ingeniero cobraba $24 mil pesos por cada extracción ilegal que supervisaba.

Donde hay un robo de tubería, hay incendios y derrames. El huachicolero con el que me encontré en Orizaba me dice que una vez, cuando su tripulación no supo cómo cerrar un grifo perforado, simplemente desconectaron la manguera y la dejaron derramar gasolina en el suelo. “Es muy arriesgado”, dice. “En cualquier momento puede haber una chispa, una explosión”.

En julio de 2017, un grifo ilegal al noroeste de la Ciudad de México se rompió y disparó un chorro de gasolina de nueve metros, empapando casas y campos antes de que los trabajadores de Pemex lo controlaran, aunque no antes de que el río Aculco estuviera gravemente contaminado. En marzo de 2016, 20 personas murieron después de que un camión cisterna se volcara durante un robo fallido y explotara. Uno de los peores incendios de oleoductos registrado ocurrió en diciembre de 2010, en San Martín Texmelucan, la cuna de los huachicoleros. Después de que torrentes de gasolina inundaron la ciudad, una chispa convirtió las calles en ríos de fuego. La nube de humo tóxico era tan grande que la NASA lo fotografió desde el espacio. 29 personas murieron, incluidos 13 niños. El gobierno culpó a Los Zetas.

La solución de Peña Nieto fue poner fin al monopolio de Pemex y abrir la industria energética a las corporaciones extranjeras, que él y sus aliados consideran inherentemente más eficientes y menos susceptibles a la corrupción que una empresa estatal. Les llevó cinco años enmendar la constitución e implementar un marco de libre mercado; “la madre de todas las reformas”, como lo expresa Wood; una oportunidad que las empresas estadounidenses han estado “anhelando durante 80 años”, dice Corcoran, pero la privatización ya está hecha. Aun cuando la violencia se disparó en 2017, gigantes multinacionales como Exxon Mobil, BP y Royal Dutch Shell ya se estaban instalando; la fractura hidráulica estaba en auge en las formaciones de roca de esquisto al sur de Texas; y el gobierno estaba subastando los derechos de exploración en aguas profundas en los consorcios de Wall Street. Se suponía que las reformas reducirían los costos en las gasolineras, pero terminaron haciendo lo contrario. La ira del público ante los aumentos de precios se convirtió, ocasionalmente, en disturbios y contribuyó a la elección de López Obrador.

Es difícil saber qué sucede dentro de Pemex, pero hay dos números importantes a considerar. El primero es $30 mil millones de pesos. Esa es la cantidad estimada de productos que los huachicoleros roban anualmente. El segundo es $365 mil millones. Eso es cuánto ha perdido Pemex, en promedio, por año, desde 2013. Las ineficiencias ciertamente contribuyen, pero los auditores del gobierno han señalado más de un centenar de contratos que Pemex ha emitido en los últimos años, que ascienden a más de $200 mil millones en presunto fraude. Las pérdidas tan grandes dan crédito a las acusaciones de López Obrador de que, por malo que sea el problema del robo de gasolina a nivel de la calle, los enfrentamientos desenfrenados pueden ser sólo un síntoma superficial de una batalla campal que generalmente tiene lugar en salas de juntas con aire acondicionado. “Todos meten la mano a la alcancía”, dice un ex funcionario de Pemex que pidió no ser identificado. “Estás tocando el talón de Aquiles de México”.

Puedes leer la segunda parte de este especial aquí.



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