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Sangre y petróleo: parte tres


Los cárteles de droga en México están evolucionando hacia la industria de la gasolina mientras libran una guerra abierta contra los militares. ¿Podrá el nuevo presidente populista contener el caos?


POR Staff Rolling Stone México  



Foto: Manuel Mendarte / cortesía Presidencia de la República Mexicana

Sangre y petróleo: parte tres

Por Seth Harp

Puedes leer la segunda parte de este especial aquí.

En la región del Triángulo Rojo de Puebla, varios grupos armados compiten por el acceso al oleoducto Minatitlán-Ciudad de México. Algunos son subsidiarios directos de cárteles, otros son vagamente aliados, y otros son completamente independientes, lo que provoca una multiplicación cruzada de conflictos potenciales. Hasta el año pasado, se decía que los dos jefes huachicoleros más dominantes eran Los Zetas: Jesús Martín Mirón López, alias “El Kalimba”, un expolicía bravucón de 27 años; y Roberto de los Santos de Jesús, de 37 años, también expolicía, apodado “El Bukanans”, presumiblemente por el whisky Buchanan’s, la bebida preferida de la clase criminal de México. Eran famosos por intimidar a hombres y niños para que trabajaran para ellos, robando casas, saqueando tiendas y robando camionetas para cargar sus contenedores de gasolina; al ver el infame Corvette amarillo de “El Bukanans”, la gente huía a sus casas.

Las cosas comenzaron a cambiar a principios de 2017, con la llegada del CJNG a Puebla. A medida que el CJNG se extiende, también lleva a cabo una campaña de relaciones públicas para presentarse como una fuerza de limpieza social, un cártel que contrabandea drogas pero no roba, viola y secuestra como los odiados Zetas. El CJNG era relativamente desconocido hasta 2011, cuando sistemáticamente masacró a casi un centenar de Los Zetas durante un período de 18 días en Veracruz. Algo así está sucediendo ahora en Puebla, donde los huachicoleros respaldados por Los Zetas han aparecido muertos todo el año, algunos cortados en pedazos y en bolsas de plástico, algunos desmembrados y en plazas públicas, algunos con las caras desolladas.

La purga alcanzó su clímax a principios de noviembre de 2017, cuando 20 personas murieron en una semana, incluidos algunos de los huachicoleros más conocidos. “El Bukanans” parece haber escapado a las montañas alrededor de Acultzingo, su ciudad natal, pero “El Kalimba” cometió un error fatal. Acudió a un cirujano plástico en Puebla para que le quitaran las huellas dactilares y le alteraran las facciones, presumiblemente para evadir el CJNG. Mientras estaba inconsciente en la mesa de operaciones, hombres armados irrumpieron y lo mataron junto con su novia y dos guardaespaldas. Al salir, los asesinos tomaron las cámaras de seguridad y los monitores de video; los únicos testigos fueron una enfermera y dos niños pequeños, de entre cinco y ocho años, que se escondieron al primer sonido de disparos.

Pero el CJNG no expulsó a los huachicoleros de Puebla, sólo instaló un nuevo jefe: Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, un exagricultor de zanahoria de unos 50 años que es conocido por organizar grandes fiestas y repartir juguetes a los niños. Un corrido elogiando sus virtudes fue publicado recientemente en YouTube: “En Palmarito Techopan también hay vatos pesados/ Carros y trocas perronas, también bastante dinero/ Puras organizaciones, dicen que huachicoleros/ De lo que estoy seguro es que es pura gente con huevos/ Es la gente de ‘El Toñín’“.

Una de las ciudades más intensamente disputadas en el Triángulo Rojo es Palmar de Bravo, donde nació y se crió una abuela llamada Benita (no se menciona su apellido por su seguridad). Una noche de septiembre de 2017, de camino a su casa desde el taller donde trabaja como costurera en Puebla, se atravesó con una masacre. Su viaje es de una hora y media, y después de tomar dos autobuses, bajó en su parada habitual en el centro de la ciudad. Caminaba hacia su casa, una viejecita con zapatos cómodos y su blusa de trabajo, cuando oyó gritos, se dio la vuelta y vio cómo un grupo de hombres con machetes saltaba de tres camionetas blindadas y atacaba a cuatro o cinco personas en la calle.

Fue lo más espantoso que ha visto. Una de las víctimas estaba completamente abierta desde la garganta hasta el vientre. Antes de que los hombres con machetes la vieran, se metió en un tanque de agua que estaba junto a la carretera, se sumergió hasta la nariz y esperó hasta que oscureció. Algo terrible estaba sucediendo en Palmar de Bravo. Podía escuchar disparos y gritos desde diferentes puntos de la ciudad, y grandes camionetas pasaban continuamente junto a su escondite. 30 minutos después del anochecer, salió del tanque y, empapada, caminó lentamente a su casa, tomando un camino diferente a través del campo hacia su hogar, donde encontró a sus 20 miembros de la familia encerrados, aterrorizados. El alboroto continuó más allá de la medianoche, los hombres en camionetas blindadas merodeaban por la ciudad, “masacrando a las personas como animales”, dice, disparando casas y saqueando negocios. Antes de partir, los atacantes reunieron la mayoría de los cuerpos y se los llevaron.

Después de que terminó, apareció el ejército, al igual que la policía municipal, para recoger los cadáveres restantes. Cuando le pregunto si los asesinos fueron Los Zetas o el CJNG, narcos o huachicoleros, Benita se encoge de hombros. “¿Quién sabe?”, responde. “Son lo mismo”. Esto ocurrió justo cuando la purga del CJNG aumentaba, pero las personas directamente afectadas por la violencia en México a menudo no tienen idea de quién está detrás de un ataque en particular; a nivel de la calle, puede parecer un caos puro. Que ella sepa, nunca hubo ninguna investigación policial. Las autoridades no dijeron nada. Ningún periodista llegó a Palmar de Bravo, y el incidente nunca fue reportado en ningún medio. “De seguro”, dice ella, “esto está sucediendo en otras comunidades”.

Palmar de Bravo sigue siendo extremadamente peligroso, con convoys saqueadores de sicarios que pasan regularmente. “Camiones llenos de hombres armados, robando gente, acosando a las niñas, toquetéandolas y nadie puede decir nada”, dice Benita. Cuando anochece, la gente se apresura a sus casas y cierra las puertas. En cuanto a Benita, todavía tiene pesadillas de ver al hombre cortado por un machete. Todos los días, en su camino al trabajo, pasa por el lugar donde sucedió. Todavía hay sangre en el piso.

Mientras tanto, en el antes pacífico estado de Guanajuato, el CJNG parece haber aceptado la invitación de YouTube de “El Marro” para pelear. En mayo, en un lapso de 12 horas, mataron a 16 personas supuestamente aliadas a la pandilla local de gasolina, incluyendo un candidato a la alcaldía, un capitán de la policía y otros dos oficiales. Colgaron pancartas declarando la guerra a “El Marro” y advirtiendo al público que más violencia estaba por llegar. Los huachicoleros contraatacaron un mes después, dejando una bolsa de basura de plástico llena de restos humanos junto con una pancarta que amenazaba al CJNG. El cártel tomó represalias en julio, al disparar contra otro comandante de la policía y tirar más cadáveres desmembrados junto con otra pancarta amenazante. El ciclo de retribución ha continuado durante el verano: estúpido, brutal y aparentemente interminable, y ahora el doble de difícil de detener ya que las apuestas se han ampliado para incluir gran parte de la economía legítima de México. “No se pueden deshacer de los cárteles”, me dice el corresponsal de Associated Press en Xalapa. “Continuarán matando y robando cualquier cosa que puedan tener en sus manos. No veo ninguna salida”.

Cuando se trata del crimen organizado, siempre hay un nexo con la frontera. En un basurero a las afueras de Brownsville, la ciudad más al sur de Texas, media docena de hombres se detienen para asar carne, beber cerveza, cortar cebollas y moler jitomates en un molcajete de piedra. Un bulldog duerme en la tierra empapada de aceite. El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, está visitando a los votantes, y le digo que escuché que camioneros en Texas están comprando diésel barato robado de México. “Eso sería muy ilegal”, dice. “Es un crimen recibir propiedad robada, incluso si el robo ocurrió en otro país”. Pero nunca ha visto un caso como ese, dice, y el robo de combustible no es una prioridad de la aplicación de la ley en su jurisdicción.

He venido aquí con un colega, un periodista de Brownsville, y fuera del alcance del oído del fiscal de distrito, uno de los hombres en la carne asada nos da dos direcciones en las que podemos encontrar lo que estamos buscando. El primero está cerca de la intersección de la avenida North Minnesota y la calle East 14th. Una docena de semirremolques y cabinas de tractor están en un terreno de grava detrás de un puesto de tacos. Estacionado donde no se puede ver desde la carretera, hay un camión cisterna con boquilla y manguera. Nos agachamos en el asiento, esperando ver si algún cliente pasa, hasta que un tipo comienza a aproximarse con la mano en el bolsillo. Cambio de velocidad y nos vamos.

Según nuestro informante, la segunda dirección es una casa secreta del Cártel del Golfo. Está justo sobre la carretera Paredes Line, en lo que sería una ubicación privilegiada para el contrabando, al lado del ferrocarril internacional conocido en México como La Bestia. Me estaciono cuando nadie está viendo y nos acercamos caminando, fingiendo estar buscando un perro perdido. La propiedad es una casa de un solo piso en aproximadamente cuatro mil metros cuadrados de terreno. Hay una cerca alambrada con candado y alambre de púas y un cartel que prohíbe la entrada. En el patio lateral, un hombre en una pala cargadora está enterrando algo, así que usamos un sendero para escabullirnos y mirar dentro del patio. Sobre la hierba alta, hay nueve tanques de almacenamiento que contienen alrededor de siete mil litros, o $100 mil pesos de combustible.

Si bien la mayor parte de la gasolina robada de México se vende en el país, una gran cantidad de ella termina en Estados Unidos, especialmente cuando el precio variable del combustible en el mercado mundial aumenta por encima del precio fijo en México. En 2010, Pemex presentó una serie de demandas en la corte federal de EE UU en las que acusaba a docenas de compañías de Texas, incluidas filiales de Shell, Conoco-Phillips y Sunoco, de comprar intencionadamente gas natural robado de México. Las compañías lo niegan, pero según las acusaciones presentadas por Pemex ante el tribunal, enviaron camiones cisterna llenos de agua pero etiquetados como gas natural al otro lado de la frontera, y los trajeron de regreso rellenos de gas natural robado, pasando documentos falsos y sobornando a funcionarios de aduanas a lo largo del camino.

“El robo fue bastante intenso”, dice Jerry Robinette, un agente retirado de Homeland Security Investigations (HSI) [Investigaciones de Seguridad Nacional] que en ese momento estaba a cargo de investigar el lado criminal de las acusaciones de Pemex. “ Pemex estaba perdiendo alrededor de la mitad de su producción en la Cuenca de Burgos”, una enorme formación de gas natural en el territorio del Cártel del Golfo. Para probar que el gas natural en cuestión fue realmente robado, HSI envió investigadores en helicópteros militares para tomar muestras, cuya composición molecular única fue comparada con el producto almacenado en las instalaciones de Texas. En el lado de la frontera de Texas, HSI usó métodos de vigilancia que Robinette se niega a describir, aunque menciona el “conocimiento de primera mano” de ciertas conversaciones telefónicas. Cinco ejecutivos de Texas terminaron por declararse culpables de cargos criminales, pero Robinette dice que 30 más estaban bajo sospecha. “Sabemos que algunas personas se salieron con la suya”, dice. “Algunos todavía se están cuidando las espaldas”.

Envié varias consultas a Aduanas y Protección Fronteriza tratando de entender cómo evitan que el combustible robado ingrese al suministro de EE UU. Un vocero no pudo identificar ninguna medida permanente que esté en vigencia para verificar sistemáticamente la procedencia de las importaciones de petróleo y gas. En general, sólo investigan si hay una queja.

En un restaurante tex-mex en Brownsville, me encuentro con un empresario mexicano-estadounidense que ha estado importando y exportando petróleo y gas durante los últimos 17 años. Es de mediana edad y tiene una barba de chivo, con un anillo gordo en un dedo. Acepta hablar sólo con la condición del anonimato, porque su familia aún vive en el otro lado del río, en Matamoros. Según él, todas las importaciones y exportaciones en el cruce fronterizo están controladas por el Cártel del Golfo, el sindicato mexicano original del crimen que todavía tiene un fuerte control en la esquina noreste del país.

El empresario saca una pluma y dibuja una cuadrícula en una servilleta. “Es así”, dice, marcando cada esquina de cada cuadrado en la cuadrícula. “En cada esquina de cada cuadra, en cada tienda, en cada puente, en cada parque a ambos lados del río, tienen ‘halcones’ que cuentan cuántos camiones pasan, quién los conduce y qué mercancía llevan”. Dice que el cártel cobra una cuota en cada envío que pasa por la frontera. Para gasolina y diésel, la cuota actual es de un peso por litro, yendo y viniendo. “Incluso te dan una factura”, dice. “Puede decir lo que quieras: transporte, mantenimiento, construcción, cualquier cosa. Lo llaman crimen organizado porque está muy organizado”.

Desliza la cubierta protectora de su teléfono. Pegada a la parte posterior, está una nota adhesiva amarilla con un número de teléfono. “Una vez que has pagado, te dan un número de teléfono. Si tienes algún problema, estarán allí para solucionarlo en dos minutos. He tenido que llamar cuatro veces a este número con una pistola en la cabeza”.

Durante la siguiente media hora, el empresario describe una docena o más de estrategias ilegales en torno a la importación y exportación de petróleo y gas entre Texas y México, todo desde el contrabando de diésel marino en barcos camaroneros hasta el tráfico de gasolina como lubricante para evadir aduanas. En cuanto a los huachicoleros, dice que perforar las tuberías es “cosa de niños”. Me dice que mucha más gasolina es robada por personas que no llevan pistolas y nunca se ensucian las manos. Los documentos que autorizan un envío de gasolina desde una instalación de almacenamiento simplemente se copian 20 o 30 veces, dice, y con cada papel falso, un camión cisterna que transporta centenares de miles de pesos fácilmente sale del país. Los hombres sentados en los escritorios con traje y corbata encubren las discrepancias, y si alguna pérdida es demasiado grande para esconderse, siempre pueden culpar a los huachicoleros que el ejército está trabajando arduamente para erradicar. “¿Por qué perforar las tuberías?”, dice, sosteniendo una servilleta en blanco. “Aquí mismo está su documentación”. Es una frase que he escuchado innumerables veces, repetida por casi todos los mexicanos con los que hablé en esta historia: “El verdadero robo ocurre dentro de Pemex”.


Sangre y petróleo: parte dos


Los cárteles de droga en México están evolucionando hacia la industria de la gasolina mientras libran una guerra abierta contra los militares. ¿Podrá el nuevo presidente populista contener el caos?


POR Staff Rolling Stone México  



Foto: Seth Harp

Sangre y petróleo: parte dos

Por Seth Harp

Puedes leer la primera parte de este especial aquí.

En la esquina de un tranquilo café de Puebla, un nativo de Veracruz de 49 años a quien llamaré Ernesto Navarro relata una historia sobre la entrada de Los Zetas en el negocio del robo de gasolina. Navarro, que se jubiló recientemente, se alistó en el ejército mexicano después de la preparatoria y pasó su vida adulta sirviendo en unidades de élite, incluyendo un cuerpo de fuerzas especiales que fue entrenado en contrainsurgencia en el programa militar estadounidense conocido como la Escuela de las Américas. En 2011, mientras trabajaba en la seguridad del estado de Veracruz, el gobernador le asignó un grupo de trabajo que investigaba una célula de Los Zetas en un tramo de la Sierra Madre Oriental, que es conocido como un lugar criminal y fuera del alcance de las fuerzas de seguridad del gobierno. Navarro formó un pequeño equipo de operativos militares, todos auténticos jarochos que podían hablar la jerga y mezclarse con los locales. Se vistieron con ropa vieja y sucia y condujeron un camión destartalado cargado de verduras hacia la sierra, donde pasaron dos semanas viviendo entre la gente, yendo de pueblo en pueblo, haciéndose pasar por vendedores de vegetales mientras recolectaban información, elaboraban mapas y tomaban fotos con una cámara oculta.

Un día, en un pueblo con terracería llamado La Guadalupe, Navarro y su equipo estaban comiendo frijoles y tortillas en una cantina, escuchando a un puñado de criminales bebiendo cerveza en el bar, cuando un camión cargado de marinos se detuvo en la bodega del otro lado de la calle. Navarro estaba confundido. “No era posible”, dice. Los Zetas tenían toda la zona bajo vigilancia; si sus “halcones” hubieran visto una patrulla militar acercándose, todos los narcos habrían desaparecido en las montañas. Mirando más de cerca, vio que los “marinos” descargaban contenedores de gasolina para vender en la bodega. Sus armas eran reales, pero sus uniformes y vehículos eran falsificados, “clonados”, como dice Navarro. “Estos tipos eran puros huachicoleros”, dice. “Acababan de ‘ordeñar’ una tubería”. Fue la primera vez que vio a Los Zetas comercializando con gasolina robada.

En su libro Los Zetas Inc., la académica mexicana Guadalupe Correa-Cabrera documenta las muchas formas en que el cártel ha invadido la industria energética en el noreste de México. “Nunca fueron realmente un cártel de drogas”, me dice Correa-Cabrera. Los Zetas originales eran veteranos de las fuerzas especiales, y ella describe a la organización como un “paramilitar criminal en el negocio transnacional”, como un híbrido de Halliburton y Blackwater. Como ella lo explica, la ventaja competitiva de Los Zetas no fue cultivar marihuana y amapola o idear formas innovadoras de introducir drogas clandestinamente al otro lado de la frontera –fue tomar el control del territorio estratégico con fuerza militar abierta. Una vez que tenían el control de una ciudad o estado, Los Zetas se diversificarían, ramificándose en actividades delictivas como el proxenetismo, la extorsión, el secuestro con extorsión, el robo de armas e incluso la piratería digital, pero nada resultó tan rentable como robar gasolina.

Los Zetas han perdido mucho terreno en la última década, pero el modelo paramilitar que promovieron ahora es estándar entre los principales cárteles de México, que también han seguido el liderazgo de Los Zetas en la explotación de industrias extractivas: La Familia Michoacana ha exportado ilegalmente millones de toneladas de mineral de hierro del puerto de Lázaro Cárdenas; los cárteles de Los Rojos y Guerreros Unidos se aprovechan de la mina de oro Los Filos en Guerrero; y el Cártel del Golfo está robando gas natural de la Cuenca de Burgos. Según Correa-Cabrera, la guerra contra las drogas se ha transformado en un conflicto armado más amplio por el control de los recursos naturales, con múltiples milicias criminales y un estado central débil que compite en minas, puertos y yacimientos petrolíferos. Es un aumento peligroso que sólo hace que los cárteles estén más atrincherados porque ya no dependen de una sola fuente de ingresos. “Teóricamente, se pueden legalizar las drogas”, dice Daniel Lansberg-Rodríguez, un académico que ha estudiado durante mucho tiempo el robo de combustible en México. Pero cuando se trata del comercio ilegal de petróleo y gas, “no hay opción nuclear”.

Una noche del pasado diciembre, llegué a una pequeña casa de ladrillo en un suburbio sórdido, no lejos de la frontera con Texas. La mayoría de los jardines de la cuadra están iluminados con adornos navideños, pero esta casa está oscura, con rosales estropajosos bajo las ventanas. El hombre que vive aquí solía ser un sicario, un asesino de Los Zetas, a quien acordé identificar sólo por su alias, “El Polkas”. Es alto, parece estar en sus 40 y tiene una figura de ogro con una cabeza puntiaguda y un estómago hinchado. Me deja entrar por la puerta principal y desaparece en la habitación de atrás, dándome la oportunidad de mirar alrededor. Hay dos mujeres en el sofá, una de las cuales le da un biberón a un bebé. Hay un árbol de Navidad con regalos debajo y un letrero sobre una puerta corrediza de vidrio que dice “Dios bendiga esta casa”. Huele ligeramente a alfombra mohosa.

Desde la habitación de atrás escucho el sonido inconfundible de un rifle de asalto siendo cargado, como pisar una lata de cerveza. “El Polkas” sale y pone dos armas cargadas en la mesa de la cocina, una AR-15 con una mira y una bolsa plegable, y una pistola semiautomática de 9 mm. Se ha puesto el uniforme de camuflaje de La Marina, la infantería naval de México; también tiene uniformes de la policía federal, estatal, municipal y judicial, todos ellos auténticos, dice, incluyendo tarjetas de identificación.

Al igual que muchos sicarios, “El Polkas” estaba trabajando como oficial de policía cuando el cártel lo reclutó. Como sicario, su único trabajo era llevar a cabo secuestros y ejecuciones. Se le mantuvo bien provisto de armas y municiones, así como del whisky Buchanan’s y grandes cantidades de cocaína. Sólo recibiría información sobre un objetivo –un nombre o una fotografía enviada por mensaje de texto a su teléfono– de camino a un lugar. Los interrogatorios ocurrían en un rancho o en una casa de seguridad. Los cuerpos eran enterrados en una tumba clandestina. Dice que mató personalmente a 32 personas antes de que se saliera de Los Zetas mediante una exención especial del jefe, Heriberto Lazcano. (Por cierto, Lazcano, un ex paracaidista que lideró a Los Zetas desde 2006 hasta su muerte en un tiroteo en 2012, salió de la misma unidad de fuerzas especiales que Navarro). Lazcano permitió que “El Polkas” abandonara el cártel con la condición de que se mantuviera oculto.

“El Polkas” explica que Los Zetas comenzaron a vender gasolina robada alrededor de 2010, cuando el cártel era asediado por rivales y militares. “Todos habían comenzado a pelear”, cuenta. “Estábamos perdiendo dinero”. Los primeros robos fueron secuestros oportunistas de camiones petroleros, pero pronto ingresaron a las tuberías directamente. Lo encontraron extremadamente rentable, sin necesidad de pasar de contrabando el producto a través de la frontera, cada vez más militarizada, de Estados Unidos y con un mercado mucho más amplio que el de las drogas ilegales. “Todo el mundo necesita gasolina”, dice. “Siempre vas a tener clientes. Especialmente si es barato”.

En un arreglo típico, dice, Los Zetas designan a un policía de bajo nivel o policía de tránsito en la nómina del cártel para supervisar a un equipo de huachicoleros, a quienes se les paga de $500 a mil pesos por día para hacer el trabajo sucio y peligroso de las tuberías. Eso es un buen salario para el trabajo manual en México, pero si cometen un error, como perder gasolina al servicio militar o accidentalmente iniciar un incendio, el castigo es la muerte. El “día del jale”, salen en una flota de camionetas robadas que llevan los contenedores de mil litros. La ubicación del objetivo generalmente se basa en un consejo de un empleado de Pemex, un lugar no patrullado por el que se espera que pase un lote de combustible. Si la tubería está enterrada, la desenterran. Si ha sido sellado en concreto, lo cincelan. El “golpeteo bajo presión”, el proceso de perforación de la tubería, es la operación más delicada. Primero sueldan una válvula con una boquilla roscada en la superficie, luego usan una barrena para perforarla. Con gasolina de alta presión lanzándose contra sus rostros, atornillan una manguera en la boquilla y usan la válvula para controlar el flujo. Una vez que la manguera está conectada, les toma menos de un minuto llenar todo el tanque de almacenamiento, un contenedor cuadrado de plástico que cabe en la caja de una camioneta pickup.

Gran parte del combustible robado se descarga en campos comunales conocidos como ejidos, dice “El Polkas”, donde los trabajadores agrícolas se ven obligados a comprar gasolina, lo quieran o no. En los tramos de la autopista lejos de las gasolineras de Pemex, es común ver personas vendiendo botellas y jarras de huachicol a un lado de la carretera, llevando embudos y sifones, usando pañuelos o máscaras de papel contra los humos. “No gano nada de esto”, dice una mujer de 27 años de Orizaba, que vende gas robado de su casa en nombre de Los Zetas. Ella explica el arreglo como una especie de estafa de protección. A cambio de traficar el producto, Los Zetas te permiten vivir tu vida de forma normal. Mientras tanto, estás atrapado con el líquido tóxico e inflamable. “Esto es horrible”, dice. “Huele mal, es terrible, es corrosivo, quema las manos, y tengo miedo de que explote la casa”.

“Es un buen negocio”, dice “El Polkas” encogiéndose de hombros. “Se gana mucho dinero”. Cuando le pregunto cómo se compara la gasolina con los narcóticos, en términos de ingresos generales para Los Zetas, se frota los dedos índices. “50 y 50”, dice. “Es aproximadamente tan rentable como las drogas”.

El conflicto armado entre los cárteles y el ejército de México, que ha durado 12 años, ahora se ubica como la guerra más mortífera del mundo, aparte de Siria. La falta de seguridad, especialmente en el norte y el este del país, fue la principal razón por la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tuvo oportunidad en las elecciones de julio. Tampoco lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN), aunque tradicionalmente ha sido el único competidor del PRI. López Obrador los dominó a ambos con el mayor margen de victoria en 36 años. Pero ganar las elecciones fue fácil en comparación con gobernar. Cuando tome el cargo el 1 de diciembre, asumirá el alto mando de lo que Correa-Cabrera y otros observadores llaman una guerra civil moderna.

Fue en 2006 que el entonces presidente Felipe Calderón, con el apoyo y el aliento de George W. Bush, tomó la fatídica decisión de desplegar el ejército y la armada de México por todo el país para luchar contra el crimen organizado. En 2008, Estados Unidos y México firmaron la Iniciativa Mérida, en virtud de la cual Estados Unidos otorgó casi $50 mil millones de pesos en ayuda militar al gobierno mexicano. La idea era aplastar a los cárteles por la fuerza, pero no funcionó así.

Los narcos respondieron con paramilitarización: los sindicatos clandestinos de tráfico de drogas contrataron soldados entrenados e invirtieron en arsenales y vehículos blindados, evolucionando en milicias criminales mucho más poderosas como Los Zetas y el CJNG, que tienen mucho más de $50 mil millones de pesos para gastar y fácil acceso a un mercado negro de armas de fuego en auge, gracias a las regulaciones negligentes en Estados Unidos. Hoy en día, los tiroteos entre los cárteles y las fuerzas armadas pueden ser batallas de infantería urbanas, con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes e incluso helicópteros de ataque descargando en casas de seguridad. En lugares como Reynosa y Tepic, las personas viven con miedo a la siguiente ronda de combates, monitoreando la situación en las redes sociales y evacuando a sus hijos de la escuela tan pronto como comienza el tiroteo.

López Obrador fue elegido, en parte, por mostrar voluntad de cambiar el rumbo, pero no ha establecido un plan de acción detallado. “Cualquiera que te diga que sabe lo que va a hacer, te está engañando”, dice Lansberg-Rodríguez. Mientras los opositores intentan mostrar a López Obrador como otro Hugo Chávez, un dictador izquierdista que arruinará el país, él ha apuntado firmemente hacia el centro desde que perdió por poco la presidencia en 2006 y nuevamente en 2012. Y sólo ganó este año después de reunir un amplia coalición de aliados que Lansberg-Rodríguez compara al arca de Noé; con una base tan mixta para mantener [al pueblo] feliz, el presidente electo de 64 años sólo puede “hacer promesas muy amplias y abiertas con una sonrisa de abuelo”.

Aunque López Obrador se opuso a la privatización de Pemex, indicó que no tratará de deshacer las reformas de libre mercado que ya se implementaron. En cuanto a la seguridad, ha pedido una guardia nacional que fusionará funciones militares y policiales; programas de trabajo y becas para alejar a los niños de los cárteles; despenalización limitada de la posesión de drogas; y alguna forma de amnistía para trabajadores de cártel no violentos y de bajo nivel, como campesinos y vigilantes. Pero no ha respondido a la pregunta fundamental de si, bajo su liderazgo, el ejército de México continuará persiguiendo y eliminando a un jefe de cártel tras otro, en estrecha cooperación con la DEA [Administración para el Control de Drogas] y la CIA [Agencia Central de Inteligencia].

“No se puede combatir el fuego con fuego”, dijo López Obrador durante su campaña. Otro de sus lemas era “abrazos no balazos”. Al mismo tiempo, no ha expresado su opinión en contra de la controvertida Ley de Seguridad Interna, que las Naciones Unidas, Observación de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han denunciado como no apropiada para una sociedad democrática. “Los militares no están entrenados para vigilar”, dice Daniel Wilkinson, un experto en América Latina de Observación de los Derechos Humanos. “Están entrenados para el combate”.

Según un estudio de Paul Chevigny, un profesor jubilado de la Universidad de Nueva York, el ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada herido, una proporción muy poco probable en comparación con otras guerras modernas. Eso significa que los soldados mexicanos son los mejores tiradores del mundo, o tienen prácticas de ejecuciones rápidas. “Cuando los atrapan, los matan”, dice “El Polkas”, golpeando sus manos. “Le acaba de pasar a tres amigos míos”.

“El Polkas” dice que los hombres fueron contratados para el robo de gasolina del nodo de ductos en el norte de Tamaulipas. Cada vez que la policía los atrapaba, los sobornaban para salir de la cárcel, hasta que un nuevo contingente de infantes de la Ciudad de México los sorprendió perforando un oleoducto a las afueras de la aldea de San Germán. Saca su teléfono y me muestra fotos del resultado: tres hombres muertos, sus brazos y cuellos profundamente destrozados por balas de alto calibre, su camioneta blanca salpicada de sangre. Encima de los cuerpos hay un par de armas de fuego militares, incluido un Barrett M82, un rifle calibre .50 emitido a los francotiradores del gobierno. “Los soldados plantaron esos”, dice “El Polkas”. “Es una farsa completa”. Dice que sus amigos aún estarían vivos si hubieran tenido dinero para negociar, y relata un incidente reciente en el que los marinos capturaron al segundo al mando del Cártel del Golfo en Matamoros. “Este hombre agarra su teléfono y llama al general. Por $50 mil pesos y 50 kilos de marihuana, lo dejaron ir. También entregó $10 mil pesos que traía con él. Así es como funciona con los militares”. Cuando pregunto qué querrían los soldados con un fardo de marihuana, el rostro de sicario se ilumina con una sonrisa infantil. “Para que el pelotón fume”, dice.

Puedes leer la tercera parte de este especial aquí.


Sangre y petróleo: parte uno


Los cárteles de droga en México están evolucionando hacia la industria de la gasolina mientras libran una guerra abierta contra los militares. ¿Podrá el nuevo presidente populista contener el caos?


POR Staff Rolling Stone México  



Sangre y petróleo: parte uno

Por Seth Harp

Con su sudadera blanca y sus tenis rosas, el hombre sentado en una banca frente a la catedral de Orizaba parece un hombre común de 32 años, pero está hablando sobre asesinar gente. Me dice que lo ha hecho ocho veces y explica el tipo de cosas que, en su línea de trabajo, mata a una persona. “Por pasados de listos. Andan machín. Andan de cabras. Te obliga a quebrártelos”. Y detalla sus métodos: “Primero, se les da su paliza”, dice. “Entonces, se les da su tiro de gracias. O los torturas, y te dicen lo que saben, con quién han estado hablando. Utilizas cuchillos, un hacha, lo que tengas a la mano. Un machete. Este negocio en el que estamos comprometidos te obliga a hacer eso. Esa es la vida que vivimos”. No es la vida de un narcotraficante que él describe, aunque esta parte de México está dominada por el crimen organizado. Él no produce ni transporta drogas, y nunca ha contrabandeado nada al otro lado de la frontera. Es el jefe de campo de una mafia que roba gasolina, una de las aproximadamente seis que se encuentran aquí en la desértica Sierra Madre Oriental. Su banda de 25 ladrones de combustible viaja en cinco camionetas con tanques de almacenamiento de mil litros y una pila de herramientas, perforando grifos ilegales en tuberías subterráneas. Venden el producto robado a taxistas, compañías de autobuses y camioneros con un descuento significativo del precio de las gasolineras operadas por Pemex, la compañía petrolera nacional. En un buen día, dice, puede ganar más de $200 mil pesos.

“La forma en que lo veo es que esta es mi ciudad”, dice. “La gasolina que pasa por aquí es mía”. Los ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros, siempre han existido en México, un país con una gran riqueza petrolera y una rica tradición de vandalismo social. En el pasado, los huachicoleros típicos eran pequeñas bandas de criminales, Robin Hoods en gran parte inofensivos, que operaban silenciosamente y se ganaban la buena voluntad de la gente repartiendo cubos de gasolinera gratuitos y patrocinando desfiles y festivales en aldeas pobres. Las baladas con acordeón celebraban el estilo de vida huachicolero y los huachicoleros incluso tenían su propio santo patrón, el Santo Niño Huachicol, una especie de niño Jesús representado con una manguera y un bidón.

Todo eso ha cambiado en los últimos años, a medida que los cárteles de tráfico de drogas en México han evolucionado para monopolizar todas las formas de crimen, incluido el robo de combustible, expulsando a operadores más pequeños con tácticas paramilitares perfeccionadas en la guerra contra las drogas. La gasolina del mercado negro es ahora una economía de miles de millones de dólares y las mafias de la gasolina están ganando poder por sí mismas, lanzando un acelerador volátil sobre la sucia mezcla de drogas y armas que ya ha matado a unos 200 mil mexicanos en la última década. El año más violento en la historia registrada de México fue 2017, y algunos observadores ahora dicen que el conflicto tiene tanto que ver con el petróleo como con los narcóticos.

Pemex es una de las compañías petroleras más grandes del mundo, un extenso complejo de energía en todo el país con ingresos brutos de más de $2 billones de pesos. Legalmente, la riqueza petrolera del país es propiedad de la gente; durante décadas, Pemex fue un elefante blanco del efectivo del gobierno, financiando inversiones en infraestructura y generosos programas sociales incluso a pesar de que los impuestos se mantuvieron bajos. Pero con la producción en declive desde 2010 y el robo de combustible en aumento, Pemex ahora es un drenaje neto en la tesorería federal. “Hemos tenido que tomar del banco central $110 mil millones de pesos cada año para la empresa petrolera durante los últimos cuatro años”, dice Manuel José Molano Ruiz, economista del Instituto Mexicano de la Competitividad. “Es un grave daño para los fondos públicos, dinero del bolsillo de cada mexicano”.

En respuesta, una coalición política encabezada por el presidente, Enrique Peña Nieto, puso fin recientemente al monopolio de la compañía y abrió la industria de la energía a la inversión extranjera privada. Por primera vez en la historia moderna, las corporaciones petroleras multinacionales se están mudando, arriesgando la situación de seguridad inestable para tener la oportunidad de obtener una parte de las reservas de México, un estimado de nueve mil millones de barriles de petróleo crudo y 15 billones de pies cúbicos de gas natural. La necesidad de proteger la infraestructura energética de la nación le ha dado al gobierno mexicano una segunda crisis de seguridad paralela a la actual guerra contra las drogas. El pasado diciembre, Peña Nieto firmó la Ley de Seguridad Interna, que otorga al ejército mexicano la autoridad para vigilar al país, una medida que puede describirse justamente como ley militar.

Ambas políticas han demostrado ser extremadamente impopulares, con algo así como el 80% de los mexicanos que se oponen al control extranjero sobre lo que ellos consideran su patrimonio nacional. En una histórica elección presidencial celebrada el 1 de julio, los mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, una especie de Bernie Sanders mexicano: un socialista de pelo blanco que ha pasado toda su carrera política quejándose de la influencia del dinero en la política. Vive en una casa unifamiliar, conduce un auto viejo y camina por las calles sin guardaespaldas –un gesto que irrita incluso a sus seguidores, ya que más de 100 políticos fueron asesinados en México durante el ciclo electoral de 2018.

Los últimos tres presidentes de México fueron centristas favorables a las empresas que promovieron el libre comercio y la estrecha cooperación militar con Estados Unidos. López Obrador ha criticado la privatización de Pemex y quiere separar la seguridad de México de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. También se ha comprometido a tratar el delito abordando las causas principales, que dice son pobreza y corrupción gubernamental. En un video de campaña, López Obrador se para frente a una estación de Pemex, que según dice está dirigida por una “mafia de poder”, y afirma que, por cada barril de gasolina robado por los huachicoleros, 10 funcionarios de alto nivel se roban 10 barriles en Pemex y el gobierno. “Tenemos que castigar a los huachicoleros de bajo nivel”, dice, “pero también a los huachicoleros de cuello blanco”.

El hombre de los tenis rosas me ha encontrado en este pintoresco pero peligroso pueblo de montaña para dar un relato de información infiltrada sobre las guerras petroleras de las pandillas. Él dice que tiene informantes dentro de Pemex y ha comprado a los policías en los cinco municipios alrededor de Orizaba. Sin embargo, las patrullas militares son una amenaza constante. No hace mucho, dice, dos camiones cargados de infantes de marina mexicanos lo sorprendieron a él y a su pandilla cerca de Maltrata, un pueblo en las montañas al oeste de Orizaba. “13 de mis muchachos murieron, junto con dos soldados”, dice. “Salimos de allí, pero perdimos la carga”. Mientras hablamos, vigila nuestro entorno desde debajo del borde de su gorra de béisbol, guardando silencio cada vez que alguien pasa caminando. “Al principio, tienes miedo”, dice. “Pero terminas perdiendo todo el miedo y te empieza a gustar, especialmente después de sobrevivir un tiroteo”.

Su pandilla no tiene nombre, y él no pertenece a Los Zetas, el cártel que domina este estado, pero una vez al mes paga un tributo de $200 mil pesos para robar gasolina. El corazón de la economía huachicolera está a una hora en auto, en una región del centro de Puebla conocida como el Triángulo Rojo, donde se cruzan docenas de oleoductos. Los Zetas solían controlar el Triángulo Rojo, pero últimamente la potencia en ascenso en México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, ha tomado el control. Cada pocos días, aparecían cuerpos mutilados en las ciudades de Acajete, Acaczingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, en el Triángulo Rojo, los cadáveres eran golpeados y desmembrados, algunas veces con el rostro desollado –una firma del CJNG. El 29 de marzo, la policía encontró un cuerpo de un hombre junto a la carretera Puebla-Orizaba con una nota clavada en su espalda con una daga. Sólo revelaron que la nota contenía una amenaza contra los huachicoleros locales y fue firmada por el CJNG. “Puebla era uno de los lugares más pacíficos de México hasta que llegó el CJNG”, dice Claudia Lemuz Hernández, directora editorial de Municipios Puebla. “Ahora, cuando sales por la mañana, la policía no puede garantizar que no te toque un tiroteo”.

La mayoría de los analistas consideran al CJNG, bajo su líder secreto, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, como el cártel de drogas más poderoso en México, y las reservas de petróleo y gas del país representan una fuente potencial de riqueza mucho mayor que la de los narcóticos ilegales. El CJNG se ha estado expandiendo hacia el estado de Guanajuato, otro territorio denso en ductos, pero la mafia de la gasolina independiente no parece intimidada. El otoño pasado, el jefe huachicolero local, conocido como “El Marro”, publicó un video en YouTube en el que amenaza descaradamente a los secuaces de “El Mencho”. “Los vamos a sacar a la mierda de aquí, de nuestro estado”, dice “El Marro” en el video. Detrás de él, casi un centenar de huachicoleros –todos vestidos de negro con chalecos antibalas y pasamontañas– gritan y silban, blandiendo un arsenal de armamento militar. “En cuanto quieran, aquí estamos, hijos de su puta madre”, grita sobre el sonido de docenas de armas disparando al aire.

Desde su fundación hace 80 años, Pemex ha sido un símbolo nacional de soberanía petrolera, su logotipo rojo, blanco y verde es tan familiar como la bandera mexicana. Las compañías petroleras británicas y estadounidenses no han sido bienvenidas en México desde que fueron expulsadas tras la revolución populista de 1910, generando un profundo resentimiento por abusar de los funcionarios y sindicatos del gobierno, pagando a los trabajadores mexicanos salarios más bajos que a los anglosajones y expatriando sus ganancias a Londres y Nueva York. Pemex se fundó con la idea nacionalista de que los mexicanos serían los mismos responsables del desarrollo de la riqueza petrolera de México, y las ganancias se utilizarían para beneficiar al país en su conjunto. Eventualmente creció más que Gazprom, la compañía petrolera estatal rusa, pero siempre ha tenido problemas de malversación interna y sobrecontratación. “El gobierno corporativo es pobre”, dice Duncan Wood, director del Instituto de México en el Wilson Center. “Está desorganizado. Hay pequeños feudos dentro de él. Llegan a acuerdos con el crimen organizado y se hacen de la vista gorda”. Patrick Corcoran, un analista de InSight Crime, lo explica de manera más concisa: “Pemex es una enorme fuente de ingresos, plagada de corrupción”.

Las estimaciones varían, pero los ladrones consiguen alrededor de 23,500 barriles de combustible por día. Molano Ruiz dice que el robo de gasolina en esa escala no es técnicamente posible sin la asistencia de expertos de Pemex, que suministran a los huachicoleros de mapas de redes de tuberías, información sobre cuándo esperar que fluya el combustible y las herramientas y partes necesarias, incluidas válvulas especializadas. “No es como que puedas comprar eso en las ferreterías”, dice. Entre 2006 y 2015, 135 empleados de Pemex fueron arrestados en relación con el robo de combustible. Un ingeniero cobraba $24 mil pesos por cada extracción ilegal que supervisaba.

Donde hay un robo de tubería, hay incendios y derrames. El huachicolero con el que me encontré en Orizaba me dice que una vez, cuando su tripulación no supo cómo cerrar un grifo perforado, simplemente desconectaron la manguera y la dejaron derramar gasolina en el suelo. “Es muy arriesgado”, dice. “En cualquier momento puede haber una chispa, una explosión”.

En julio de 2017, un grifo ilegal al noroeste de la Ciudad de México se rompió y disparó un chorro de gasolina de nueve metros, empapando casas y campos antes de que los trabajadores de Pemex lo controlaran, aunque no antes de que el río Aculco estuviera gravemente contaminado. En marzo de 2016, 20 personas murieron después de que un camión cisterna se volcara durante un robo fallido y explotara. Uno de los peores incendios de oleoductos registrado ocurrió en diciembre de 2010, en San Martín Texmelucan, la cuna de los huachicoleros. Después de que torrentes de gasolina inundaron la ciudad, una chispa convirtió las calles en ríos de fuego. La nube de humo tóxico era tan grande que la NASA lo fotografió desde el espacio. 29 personas murieron, incluidos 13 niños. El gobierno culpó a Los Zetas.

La solución de Peña Nieto fue poner fin al monopolio de Pemex y abrir la industria energética a las corporaciones extranjeras, que él y sus aliados consideran inherentemente más eficientes y menos susceptibles a la corrupción que una empresa estatal. Les llevó cinco años enmendar la constitución e implementar un marco de libre mercado; “la madre de todas las reformas”, como lo expresa Wood; una oportunidad que las empresas estadounidenses han estado “anhelando durante 80 años”, dice Corcoran, pero la privatización ya está hecha. Aun cuando la violencia se disparó en 2017, gigantes multinacionales como Exxon Mobil, BP y Royal Dutch Shell ya se estaban instalando; la fractura hidráulica estaba en auge en las formaciones de roca de esquisto al sur de Texas; y el gobierno estaba subastando los derechos de exploración en aguas profundas en los consorcios de Wall Street. Se suponía que las reformas reducirían los costos en las gasolineras, pero terminaron haciendo lo contrario. La ira del público ante los aumentos de precios se convirtió, ocasionalmente, en disturbios y contribuyó a la elección de López Obrador.

Es difícil saber qué sucede dentro de Pemex, pero hay dos números importantes a considerar. El primero es $30 mil millones de pesos. Esa es la cantidad estimada de productos que los huachicoleros roban anualmente. El segundo es $365 mil millones. Eso es cuánto ha perdido Pemex, en promedio, por año, desde 2013. Las ineficiencias ciertamente contribuyen, pero los auditores del gobierno han señalado más de un centenar de contratos que Pemex ha emitido en los últimos años, que ascienden a más de $200 mil millones en presunto fraude. Las pérdidas tan grandes dan crédito a las acusaciones de López Obrador de que, por malo que sea el problema del robo de gasolina a nivel de la calle, los enfrentamientos desenfrenados pueden ser sólo un síntoma superficial de una batalla campal que generalmente tiene lugar en salas de juntas con aire acondicionado. “Todos meten la mano a la alcancía”, dice un ex funcionario de Pemex que pidió no ser identificado. “Estás tocando el talón de Aquiles de México”.

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